Nexo Europa (nº 211) - Presión sobre Bruselas
Bruselas, 27 de septiembre de 2024
Es viernes y este es el número 211 de Nexo Europa, la newsletter de actualidad y análisis de asuntos europeos. Esta semana la atención ha estado fundamentalmente en Nueva York, donde se ha celebrado la asamblea general de las Naciones Unidas, así que hemos estado relativamente tranquilos en Bruselas.
En España se paga por Netflix o Spotify, pero no por información. Siempre he creído que, poco a poco, podríamos revertir esta anomalía que nos separa de prácticamente todos nuestros vecinos europeos. Por eso, en gran medida, me lancé a intentar convertir Nexo Europa en un modelo que funcionara. Por ahora contamos con el 23% de los compromisos de pago para echar a rodar las suscripciones de pago que ofrecerán contenido adicional para los que paguen, pero mantendrán esta newsletter abierta a todos para seguir informando sobre la Unión Europea. Te pido hoy también a ti que te sumes y ayudes a mantener Nexo Europa. Desde menos de 15 céntimos al día puedes hacer que esto siga funcionando. Solamente tienes que pinchar aquí abajo en ‘Pledge your support’ 👇
Os traigo una sorpresa adicional esta semana: vuelve ‘¿Y las europeas?’, el podcast que empezamos Laura Zornoza y un servidor para explicaros los detalles de las elecciones europeas y cuyo último capítulo se emitió a principios de julio. La idea es mantenerlo en el aire, ya no enfocado a los comicios al Parlamento Europeo, evidentemente, sino a la actualidad europea. Podéis encontrarlo en Spotify y en iVoox.
Presión sobre Bruselas
La Comisión Europea está acostumbrada a estar sometida a mucha presión. Estados miembros, políticos individuales, grandes empresas a través de sus poderosos lobbies y patronales, organizaciones civiles… todo el mundo trata de conseguir que Bruselas se mueva en la dirección de sus intereses. Pero últimamente recibe mucha presión en relación con un asunto muy concreto: coches.
Ya sabéis que estamos pendientes de la votación clave que debe aprobar o rechazar los aranceles propuestos por el Ejecutivo comunitario contra los coches eléctricos chinos. Es difícil que sean rechazados porque es necesaria una mayoría cualificada de ‘noes’, es decir, que al menos 15 Estados miembros que representen al 65% de la población europea se opongan a las nuevas tarifas, que sumadas al 10% existente harán que los vehículos eléctricos chinos afronten en algunos casos aranceles cercanos al 50%.
Hay muchas empresas, pero fundamentalmente BMW y Volkswagen, que se oponen a estos aranceles. Ya sabéis que Alemania se ha mostrado contraria desde el primer minuto y, en gran medida, es por la visión que tiene la industria automovilística alemana, que, como venimos contando desde hace algunos números no está pasando por su mejor momento. La visión del grupo BMW y VW es que estas nuevas medidas por parte de la Unión Europea, que de ser aprobadas entrarían en vigor definitivamente el 1 de noviembre, pueden empeorar todavía más su situación.
La votación de los aranceles estaba prevista para esta semana, pero después se dijo que se había retrasado hasta la que viene, probablemente hasta el 30 de septiembre. En la Comisión Europea mantienen un total secretismo sobre el día en el que será finalmente la votación, aunque ahora se asume que será en los primeros días de octubre. Sin embargo, en el Ejecutivo comunitario dejan la puerta abierta a que se pueda llegar a un acuerdo con China incluso después de que se haya votado la aprobación de los aranceles. “En teoría, sí”, me contestaba esta semana una fuente comunitaria cuando le pregunté si sería posible retirar los aranceles aunque estuvieran aprobados.
Y es que en Bruselas hay intención de seguir negociando con los chinos hasta el último momento. Pekín ya hizo una oferta de “precios suelo”, es decir, establecer un precio mínimo para los vehículos eléctricos importados desde China, para que así no haya una competencia (tan) desleal con los producidos en Europa. Porque recordad que esto es una investigación anti-subsidios: la Comisión acusa a China de estar subvencionando la producción de vehículos eléctricos, generando una sobrecapacidad y haciendo que estos se vendan a un precio muy barato en otros mercados.
Pero la Comisión Europea hasta ahora ha considerado esas ofertas insuficientes. Otra cosa es que llegue una oferta VER, es decir, una limitación voluntaria del volumen de exportaciones a Europa, acompañada de una oferta de “precios suelo”. El equipo de Von der Leyen ya señaló a esa fórmula como una posible vía de salida a la situación. Pero para que la estrategia de la Comisión funcione Bruselas considera que Pekín tiene que entender que están dispuestos a llegar hasta el final e imponer los aranceles prometidos, a pesar de que a la presión de Berlín y de la industria alemana también se han sumado algunas voces que han debilitado la posición negociadora europea, como fue la del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
Sobre la presión que está ejerciendo especialmente el grupo Volkswagen en Bruselas y en Madrid, con el objetivo de que el Gobierno termine de cambiar de bando en el debate de los aranceles (con algunas amenazas veladas respecto al futuro de Cupra en España), hemos publicado este viernes este artículo en El Confidencial.
El otro asunto por el que la Comisión está siendo sometida a mucha presión es por la prohibición de producir nuevos coches de combustión a partir de 2035. El asunto se ha abordado en una reunión de ministros de Competitividad que ha tenido lugar en Bruselas esta semana y el Ejecutivo comunitario ha estado escuchando quejas del sector desde hace semanas, sumados a los lamentos de algunos Gobiernos.
Adolfo Urso, ministro de Desarrollo Económico del Gobierno italiano de Giorgia Meloni, ha sido una de las voces más críticas, señalando que la prohibición de producir coches de combustión después de 2035 provoca la amenaza de una “grave crisis” para el sector, pidiendo que se retrase esa fecha. El Partido Popular Europeo (PPE), principal formación de la Eurocámara, también considera que esa fecha debería revisarse, como mostró su discusión en el retiro celebrado en Lisboa después de las elecciones europeas de junio de este año. Además de Italia y Alemania hay otros Estados miembros que quieren que se revise la fecha, como se vio en la reunión ministerial de esta semana: Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Malta, Chipre, Polonia y Chequia.
En el sector hay, además, profundas divisiones. Renault, Volvo o Uber, que forman parte de la Plataforma de electromovilidad, notando ya en junio que el viento estaba cambiando de dirección en lo referente al debate de 2035, señaló que “el objetivo de coches de emisiones cero para 2035 es la estrategia industrial europea más directa en materia de vehículos eléctricos, que aporta inversiones vitales a las empresas europeas”. La posición de Volkswagen, uno de los que señalan que están listos para cumplir con el objetivo de 2035. Pero al mismo tiempo su CEO aprovecha para vincular este punto con el de los aranceles a China: el grupo señala que para poder cumplir con ello es necesario que la compañía pueda seguir cooperando con el gigante asiático.
Sin embargo, otros gigantes, como BMW, se han mostrado abiertamente contrarios al objetivo de 2035. Eso está provocando divisiones dentro de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, que la conforman muchas de estas marcas que mantienen discursos contrarios. La idea común es que la industria, tan importante para la economía europea, está pasando por un mal momento. Subrayar una y otra vez ese mensaje puede ayudar a extraer concesiones.
Teresa Ribera, que será vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Transición Limpia, Justa y Competitiva, haría bien en prepararse bien las respuestas en lo que se refiere al objetivo de 2035, porque los eurodiputados conservadores van a intentar hincarle el diente claramente por ese costado.
Cajón de sastre
Elecciones en Austria: el partido de extrema derecha FPÖ está liderando las encuestas de cara a las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Austria. Viena se ha convertido en el termómetro de cómo la Unión Europea se ha ido haciendo más tolerante hacia los partidos de extrema derecha: cuando a principios del siglo XX el partido fundado por el antiguo miembro del Partido Nazi Anton Reinthaller, llegó al poder apoyando al partido democristiano el resto de países, también los gobernados por formaciones conservadoras, rompieron los puentes con Austria, a pesar de formar parte de la Unión Europea. En honor a la verdad, no fue Reinthaller el que llevó el partido a la extrema derecha (él, quizás sabiendo su pasado, intentó mantener una versión más matizada y escondida de su visión racial), sino Jörg Haider. El regreso al poder del FPÖ en 2017, de nuevo de la mano del partido afiliado al Partido Popular Europeo (PPE), no levantó ese tipo de quejas. Ahora el FPÖ propone la idea de “remigración”, la misma que se debatió en una reunión del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) y que provocó una movilización enorme en la sociedad alemana, pero a diferencia de AfD el FPÖ habla de ello en público. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania, en Austria no parece haber una especial indignación. Si los populares (ÖVP) ganan el domingo podríamos ver la reedición de la coalición de 2017, con el partido del PPE al frente de un Gobierno apoyado por el FPÖ. Si el partido de extrema derecha, ahora liderado por Herbert Kickl, gana en los comicios de este domingo, entonces el ÖVP no ha cerrado del todo la puerta a formar gobierno con ellos si Kickl no lidera el ejecutivo.
Nuevo Gobierno francés: Michel Barnier ha presentado su nuevo Gobierno, que será el más derechista desde que Emmanuel Macron es presidente de la República. La mayoría de ministros son de Les Republicains, la derecha tradicional francesa, pero también hay ministros de otras formaciones del bloque conservador, como MoDem y Horizons. Hay algunos elementos de continuación en el Gobierno, como ocurre en el caso del ministerio de Asuntos Exteriores, que pasa a manos de la persona que estaba al frente del departamento de la Unión Europea, el macronista Jean-Noel Barrot, y Sebastien Lecornu seguirá siendo ministro de Defensa. Bruno Retailleau, de Los Republicanos, será ministro del Interior, lo que señala que París va a mantener un discurso muy duro en la cuestión migratoria. El único miembro que proviene del sector progresista es Didier Migaud, que será ministro de Justicia. El desconocido macronista Antoine Armand, de solamente 33 años, será el ministro de Finanzas en un momento crítico para las cuentas galas. La formación del nuevo ejecutivo ha reforzado la idea de que el Gobierno tiene poca esperanza de vida, con una Asamblea Nacional en la que está asediada por los dos lados.
El medievalista mejor pagado: esta semana Politico ha descubierto que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tiene presupuestado un sueldo de 149.000 euros para Peter Strohschneider, un medievalista alemán encargado de elaborar un informe sobre el estado de la agricultura. El escándalo recuerda al intento de Von der Leyen de nombrar al eurodiputado alemán Markus Pieper, de su propio partido democristiano (CDU), como enviado especial para las PYMES con un sueldo de 17.000 euros mensuales. La presión por el conocido como ‘Piepergate’ obligó al eurodiputado alemán a renunciar al puesto. Lo que muestra tanto es escándalo de Pieper a principios de este año como ahora el caso de Strohschneider es que Von der Leyen tiene cierta tendencia a ofrecer sueldos muy bien pagados a alemanes afines ideológicamente (incluso de su propio partido) sin que esté demasiado claro para qué sirven. Eso tiene un nombre: nepotismo.
EUCO de octubre: ya estamos en preparativos para el Consejo Europeo de mediados de octubre, el encuentro regular de los jefes de Estado y de Gobierno. El asunto se ha discutido ya esta semana en el Consejo de Asuntos Generales, donde el secretario de Estado para la Unión Europea español, Fernando Sanpedro, ha explicado que España solicitará la inclusión de un punto sobre Venezuela en las conclusiones, y a nivel de embajadores representantes (Coreper II). Además, sobre el Consejo Europeo extraordinario de noviembre, que se celebrará en Budapest, todo indica que los jefes de Estado y de Gobierno no van a aplicar la política de boicot que muchos Estados miembros han estado practicando a nivel ministerial durante la presidencia húngara.
Planes de ajuste: el pasado 20 de septiembre era la fecha límite para que los Estados miembros enviaran sus planes de ajuste que se exigen en el marco de las nuevas reglas fiscales, y donde se debe establecer el camino de consolidación fiscal. Pero muy pocos países lo han hecho. Eso no sorprende en la dirección general de Asuntos Económicos y Financieros (DG ECFIN), que ya sabía que los planes no iban a llegar a tiempo. Así lo confirmaron la semana pasada fuentes comunitarias. Ahora se espera que esos planes lleguen de la mano de los borradores presupuestarios, a mediados de octubre. El nuevo Gobierno francés de Michel Barnier ha pedido algo más de tiempo, señalando que enviará su plan a finales de octubre. Es clave, porque el desajuste de las cuentas francesas es uno de los puntos más preocupantes ahora mismo en el debate económico europeo.
Brandenburgo aguanta: por la mínima, pero los socialdemócratas (SPD) ganaron el pasado domingo en las elecciones regionales en Brandenburgo, bastión histórico del partido del canciller Olaf Scholz, pero donde todas las encuestas apuntaban a una victoria de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD), que en todo caso ha obtenido un resultado muy bueno para ellos, rozando el 30%. La otra gran ganadora del pasado domingo fue Sahra Wagenknecht Alliance (BSW), el partido populista de izquierdas, anti-inmigración y contraria al apoyo a Ucrania. Su líder, Wagenknecht, se escindió de Die Linke, un partido que tradicionalmente fue fuerte en los territorios de la antigua República Democrática de Alemania. Los socios del Gobierno federal del SPD, Verdes y liberales del FDP, han sido barridos del parlamento regional de Brandenburgo, por lo que los socialistas se ven obligados a apoyarse en el BSW.
Hundimiento de Los Verdes: los ecologistas están en caos interno. Esta semana y a un año de las elecciones federales los dos co-líderes de Los Verdes, Omid Nouripour y Ricarda Lang, han anunciado su dimisión. Los ecologistas fueron el segundo partido que más votos perdió en Brandenburgo, solamente por detrás del ya mencionado Die Linke: obtuvo solamente el 4,1% de los votos. Aunque hay que admitir que peor le ha ido al FDP: cosechó menos de 1% del voto, aunque a diferencia de los ecologistas los de Christian Lindner ya tuvieron un muy mal resultado hace cinco años. A nivel nacional las encuestas dan solamente un 10% a Los Verdes (lejos quedan ya aquellos días de 2022 en los que aparecían como segundo partido en las encuestas, con el 22% de la intención de voto). Es una situación muy mala, pero, de vuelta, peor está el FDP: a pesar de su intento de hacer cierta oposición al Gobierno desde dentro del Gobierno los liberales no logran superar el 5% para lograr escaños en el Bundestag.
Puigdemont y el 2019: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado esta semana que Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo en junio de 2019, justo después de las elecciones europeas de hace cinco años, hizo lo correcto al no dar acceso a la Eurocámara a Carles Puigdemont y Toni Comín, líderes independentistas catalanes, que habían obtenido el escaño en esos comicios pero que no habían pasado el procedimiento de acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC). El tribunal señala que Tajani no tenía capacidad de decidir: debía limitarse a tomar nota de la lista que había enviado la JEC, en la que no estaban ninguno de los dos al no haber completado el proceso, ya que no se desplazaron a Madrid para no ser detenidos. La noticia es relevante porque solamente unos meses después de aquellos últimos días de junio de 2019, en diciembre de ese año, el TJUE señaló que en el caso de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, que también había participado en esas elecciones europeas desde la prisión preventiva esperando la sentencia del ‘procés’, contaba con inmunidad parlamentaria desde el mismo momento en el que se proclamaron los resultados. David Sassoli, que había sucedido a Tajani como presidente de la Eurocámara, entendió que eso significaba que adquirían la condición de eurodiputados desde el mismo momento en el que se proclamaban los resultados, y no cuando la JEC enviara la lista final a la institución. Por eso el italiano decidió permitir a Puigdemont y Comín acceder a su escaño. La sentencia de esta semana muestra que Sassoli se extralimitó, y que en ningún momento debió interpretar la sentencia de Junqueras como una derogación del sistema español. Lo explico en un largo artículo aquí.
Lo llaman Unión Bancaria y no lo es: una vieja gloria de la corresponsalía de Bruselas terminó su discurso de despedida con una frase que finalizó, al unísono, el resto de corresponsales. ‘Lo llaman Unión Bancaria…’, dijo, guardando silencio al final, ‘y no lo es’, contestamos todos, antes de irrumpir en un aplauso final. Hace ya años de eso, pero nada ha cambiado. Hay muchas cosas que le faltan a la Unión Bancaria, como por ejemplo un fondo común de garantía de depósitos (EDIS). Pero hay cosas incluso más básicas, como son por ejemplo operaciones europeas. Una bonita oportunidad para avanzar en el proceso de ‘europeización’ del sector bancario europeo apareció recientemente con la ofensiva de Unicredit para hacerse con el 9% de Commerzbank, una de las principales entidades alemanas, lo que dejaría al banco italiano con cerca del 21%. Pero el Gobierno de Olaf Scholz, compuesto por SPD, Verdes y FDP, una coalición supuestamente proeuropea, está planteando resistencia. El Banco Central Europeo (BCE) es el que tiene la última palabra, pero en el mundo político alemán hay un verdadero ataque de pánico con el movimiento de la entidad presidida por Andrea Orcel. Uno de los argumentos que se utilizan contra la operación es que si UniCredit cae, entonces Berlín tendrá que rescatar la entidad. Eso es asumir dos cosas: que UniCredit esté peor que Commerzbank (cosa que no es para nada segura) y que Alemania no se cree el Fondo Único de Resolución, que busca evitar que los Estados se dediquen a rescatar bancos. Ambas cosas son graves. La primera porque demuestra que en Berlín no se han sacado de la cabeza la lógica del sur perezoso al que hay que estar rescatando, y lo segundo porque indica que Alemania no se toma en serio lo que ya se ha construido de la Unión Bancaria. Pues eso: lo llaman Unión Bancaria y no lo es.
Babis calienta en la banda: el partido del exprimer ministro checo Andrej Babis, ANO, obtuvo la semana pasada una victoria aplastante en las elecciones regionales checas, allanando su camino para volver al poder en Praga tras las elecciones legislativas previstas para el año que viene. Babis es un populista, integrado dentro de la familia liberal Renew Europe, pero con tics autoritarios, muchos muertos en el armario y casos de corrupción para dar y regalar. Un magnate de los medios, un Berlusconi venido a menos. Ivan Bartoš, hasta esta semana líder del Partido Pirata (esto existe, sí), miembros de la coalición gobernante liderada por Petr Fiala, de ODS (en el grupo de los ultraconservadores en la Eurocámara, aunque pertenece al ala moderada de la familia europea), aseguró esta semana que a pesar del pésimo resultado obtenido en las elecciones regionales continuaría en el Gobierno, donde ostentaba el cargo de ministro de Digitalización. Pero Fiala ha decidido que Bartoš abandone el Ejecutivo con el objetivo de salvar a ODS de un contagio de la impopularidad de los Piratas.
Google contra Microsoft: batalla de gigantes. Google ha denunciado ante la Comisión Europea a Microsoft, acusándole de abuso de posición dominante en los servicios de nubes para empresas a través de Windows Server. La idea es que Microsoft estaría forzando a sus clientes que usen WS a utilizar su servicio en la nube, Azure, impidiendo que puedan apostar por un competidor, como por ejemplo el servicio que ofrece Google. "Microsoft es el único proveedor de servicios en la nube que utiliza estas tácticas que tienen un daño significativo para las empresas y gobiernos europeos”, ha criticado Google en un comunicado esta semana tras conocerse su denuncia ante el Ejecutivo comunitario.
Avisos de Trump: a pesar del optimismo inicial que inyectó la candidatura de Kamala Harris en el campo del Partido Demócrata, lo cierto es que las encuestas siguen ofreciendo un resultado muy ajustado entre la actual vicepresidenta y el expresidente Donald Trump. Eso hace que todo el mundo en Bruselas, tanto en las instituciones europeas como en la sede de la OTAN, sigan prestando mucha atención a las palabras del magnate. En estos últimos días, coincidiendo con la visita de Volodimir Zelenski, presidente ucraniano, a Estados Unidos, Trump ha continuado con los mensajes amenazantes sobre la necesidad de que los socios de la OTAN “paguen” sus facturas. Recordad que los socios de la Alianza tienen el compromiso (conocidos como ‘compromiso de Gales’) de dedicar al menos el 2% del PIB al gasto militar relacionado con la OTAN. España está a la cola de ese gasto, aunque el Gobierno y fuentes diplomáticas siempre insisten en que el compromiso de Gales también debería tener en cuenta la participación de los socios en las misiones: puedes estar gastando el 4% del PIB en defensa y no estar, como está España, presente en muchos puntos geográficos de la Alianza.
Albania y Macedonia del Norte: durante mucho tiempo las negociaciones de adhesión de Tirana y Skopje a la Unión Europea han estado totalmente ligadas. Los choques entre Bulgaria y Macedonia del Norte habían impedido por lo tanto que Albania hiciera ningún progreso en su proceso de integración con la Unión. Esta semana los embajadores representantes permanentes de los Estados miembros ante la UE han decidido dar el paso de separar ambos procesos. Las negociaciones con Albania comenzarán el 15 de octubre. Aunque se acordó el lanzamiento de las conversaciones en 2022 la cuestión búlgara había evitado comenzar de manera efectiva.
Aspiraciones moldavas: el próximo 20 de octubre Moldavia vota en un referéndum si debe incluir su aspiración a ingresar en la Unión Europea en la constitución del país. Ahora el Gobierno moldavo señala que el país está bajo un ‘ataque híbrido’ por parte de Rusia. Según los servicios de seguridad del país, la oposición pro-rusa está beneficiándose de unos 100 millones de euros para su campaña venidos desde entornos del Kremlin. La campaña a favor del ‘Sí’ está liderada por la presidenta Maia Sandu, la proeuropea que ha llevado al país al inicio de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. Ese mismo día los ciudadanos votan en unas elecciones presidenciales en las que Sandu es la clara favorita.